La banca estadounidense se prepara para el peor escenario posible

Hace un par de años, nos situábamos a una década tras la crisis financiera mundial empezada en Estados Unidos con las hipotecas de alto riesgo o crédito subprime.

Los créditos hipotecarios en Estados Unidos se dividen entre prime y subprime. Fijándose una escala para calificar la solvencia de un crédito hipotecario, que se establece entre los 300 y los 850 puntos, los créditos llamados "créditos subprime" son aquellos con una calificación menor de 620 puntos.

En un contexto como el que dio aquellos años, con bajos tipos de interés pero con inversores deseando lograr las mayores rentabilidades posibles, el producto experimentó un desarrollo rápido y hasta exponencial, fíjense en el gráfico más abajo cómo los años 2003 a 2006 se experimenta un aumento más que notable. En aquel momento las hipotecas subprime suponen alrededor del 20% del total de las hipotecas originadas en Estados Unidos en aquellos últimos años.

Este tipo de créditos implican probabilidades de impago excesivas como resultado de la indebida reducción de los estándares de aceptación de riesgo. Como consecuencia se produce un aumento considerable de la morosidad en esta modalidad de préstamos y problemas para las entidades que operan este mercado: desde enero de 2006 y hasta 2007 en torno a 30 originadoras de subprime cierran, se han vendido o han reducido considerablemente su actividad.

Ya que la deuda puede ser objeto de venta y transacción económica mediante compra de bonos o bien de titularizaciones de crédito, las hipotecas subprime podían ser retiradas del activo del balance de la entidad concesionaria, siendo transferidas a fondos de inversión o planes de pensiones. En ciertos casos, la inversión se hacía mediante el llamado carry trade o bicicleta financiera, que consiste en hacer una inversión en moneda local para, después de transcurrido un tiempo, lograr un beneficio en moneda extranjera, siendo por ejemplo durante bastante tiempo el Yen japonés clave, pues mientras el interés era del 0,10% durante mucho tiempo, en otros países era superior. El problema surge cuando el inversor, ya sea una entidad financiera, un banco o un particular, desconoce el auténtico riesgo asumido.

Uno de esos productos financieros fueron las obligaciones garantizadas por deuda o colateralizadas mediante deuda (Collateralized Debt Obligation o CDO). Se trata de un tipo de producto financiero estructurado y respaldado por activos financieros de tipo ABS (asset-backed security). En un principio este tipo de valores fueron desarrollados para los mercados de deuda corporativos, aunque con el tiempo las CDO se ampliaron para incluir también hipotecas y valores respaldados por hipotecas ("MBS").

La crisis hipotecaria de 2007 empezó cuando los inversores percibieron señales de alarma dadas por la elevación progresiva de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, el incremento pactado en las cuotas de los créditos subprime, cosa que supuso un aumento de la tasa de morosidad y el nivel de ejecuciones, y pronto se vio que no sólo en las hipotecas de alto riesgo. Importantes entidades de crédito, agencias de calificación y grandes fondos de inversión contaban con activos comprometidos en hipotecas de alto riesgo, cuya consecuencia fue una repentina contracción del crédito o credit crunch, con una enorme volatilidad de los valores bursátiles, llevando a un círculo vicioso de desconfianza y pánico inversionista, y una repentina caída de las bolsas de valores a nivel global debida ante todo por la acuciante falta de liquidez.

¿Cómo se generó la burbuja inmobiliaria y se alcanzó esa situación con el crédito subprime?

Para explicar esta situación hay que retrotraerse al estallido de la burbuja tecnológica o de las llamadas puntocom, en España conocemos el caso de Terra, y que su apogeo se situó entre 1997 y 2000/2001, momento este último en que se produce una huida de capitales de inversión tanto institucionales como familiares en dirección a los bienes inmuebles.

Además, otro factor coincide justo en ese tiempo y tiene que ver con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York contra las Torres Gemelas, que generaron un contexto de inestabilidad internacional que llevó a los Bancos Centrales a bajar los tipos de interés a niveles muy bajos hasta aquel momento con el pretexto de reactivar el consumo y la producción a través del crédito. En definitiva, Estados Unidos abrió el camino y apostó por la desregulación de los mercados, las bajadas de impuestos y de tipos de interés y la expansión del crédito cuyo efecto, sumado al estallido de la burbuja de las puntocom provocó una burbuja inmobiliaria en las denominadas hipotecas subprime.

Pero, lo cierto es que desde los años 70 del pasado siglo XX, la pobreza de la sociedad norteamericana se ha camuflado por los aplastantes costes de la producción mundial: energía barata, deslocalización de la industria vía China, falta de un sistema social, impuestos bajos… todo para que los norteamericanos, que cada vez son mucho más pobres, pudieran seguir consumiendo. El papel jugado por China en esta aritmética debe seguirse en este artículo.

A ello se sumó la fase de guerras en Oriente Medio y Asia Central, que apuntalaron esta estrategia.

Retomando la cuestión del mercado inmobiliario, en el caso norteamericano, la compra-venta de vivienda con fines especulativos estuvo acompañada de un elevado apalancamiento, es decir, con cargo a hipotecas que, con la venta, eran canceladas para volver a comprar otra casa con una nueva hipoteca, o bien se financiaban ambas operaciones mediante una hipoteca puente. El mercado aportaba grandes beneficios a los inversores, y contribuyó a una subida de precios de los bienes inmuebles, y, por consiguiente de la deuda.

Pero el escenario empieza a cambiar desde 2004, año en que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a subir los tipos de interés para controlar la inflación. Desde ese año hasta el 2006 el tipo de interés pasó del 1% al 5,25%. El crecimiento del precio de la vivienda, que había sido espectacular entre los años 2001 y 2005, se convirtió en descenso sostenido.

Para el mes de agosto de 2005 el precio de la vivienda y la tasa de ventas cayeron en buena parte de Estados Unidos de manera muy destacada. Las ejecuciones hipotecarias debidas al impago de la deuda crecieron de forma notable, y muchas entidades comenzaron a tener problemas de liquidez para devolver el dinero a los inversores o recibir financiación. El total de ejecuciones hipotecarias del año 2006 ascendió a 1.200.000, lo que llevó a la quiebra a medio centenar de entidades hipotecarias en el plazo de un año. Para el 2006, la crisis inmobiliaria ya se había trasladado a la Bolsa: el índice bursátil de la construcción estadounidense (U.S. Home Construction Index) cayó un 40%.

En el año 2007 el problema de la deuda hipotecaria subprime empezó a contaminar los mercados financieros internacionales, convirtiéndose en una crisis internacional de gran envergadura... la quiebra de Fannie Mae y Freddie Mac o de Lehman Brothers ya son hechos más que conocidos.

Y una década más tarde...

El 22 de mayo de 2018 el periódico The New York Times informaba de la votación en el Congreso estadounidense votaba a favor de aprobar la revisión de la Ley Dodd-Frank o Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank, firmada por el presidente Barack Obama el 21 de julio 2010, cuyo objetivo era evitar un nuevo colapso de sistema bancario. Y lo hacía en una demostración de funcionamiento bipartidista de la hegemonía oligárquica norteamericana, pues logró el voto favorable de la Cámara por un total de 258 votos a favor, incluidos los de 33 miembros del Partido Demócrata, por 159 en contra para aprobar una reversión regulatoria que pasó el trámite en el Senado ese año, cosa que supuso una victoria significativa al presidente Trump, quien había prometido desregular el sector financiero.

La Ley Dodd-Frank regulaba dicho sector y establecía los siguientes puntos:

• Promover la estabilidad financiera de Estados Unidos a través de medidas que proporcionen transparencia y estabilidad en el sistema financiero.
• Dividir las funciones de los bancos comerciales y los bancos de inversión.
• Monitorear las prácticas bancarias y las instituciones financieras con problemas para:
• Eliminar los problemas derivados de entidades demasiado grandes para quebrar (too big to fail).
• Proteger a los contribuyentes estadounidenses de los costes de rescate de entidades financieras.
• Proteger a los consumidores de las prácticas abusivas en créditos, préstamos e hipotecas.

El proyecto de ley no llega a deshacer el endurecido régimen regulatorio establecido para evitar que los bancos más grandes del país participen en comportamientos de riesgo, pero representa un debilitamiento sustancial de las reglas de la era de Obama que gobiernan una gran franja del sistema bancario. La legislación dejará a menos de 10 grandes bancos en Estados Unidos sujetos a una supervisión federal más estricta, liberando a miles de bancos con menos de 250 mil millones de dólares en activos de una represión posterior a la crisis que desde hace mucho tiempo se han quejado resulta demasiado onerosa.

Los legisladores republicanos y la industria bancaria aplaudieron una medida que dijeron ayudaría a liberar a los bancos, y a la economía, de las cargas regulatorias.

Paul D. Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y republicano de Wisconsin, dijo que la aprobación del proyecto de ley fue un paso hacia liberar a nuestra economía de la sobrerregulación.

En lugar de desmantelar la ley Dodd-Frank, como prometió Donald Trump durante su campaña, el texto se contenta con ajustarla, pero realmente final, es casi el mismo: sus principales disposiciones permanecen, pero el alcance de su aplicación se reduce considerablemente.

De hecho, la nueva ley eleva el umbral desde el cual las instituciones financieras están sujetas a una mayor vigilancia por parte de la Reserva Federal al fijar en 250 mil millones de dólares en activos, contra 50 mil millones anteriormente y que en la práctica supone escapar de algunas de las disposiciones esenciales de la ley Dodd-Frank, como la obligación de someterse a pruebas de resistencia o respetar ciertas reglas en términos de capital y liquidez, de acuerdo con el Financial Times.

De los 5.000 bancos que operan en los Estados Unidos, solo 13 estarán ahora estrictamente controlados por la Reserva Federal, que representan la mitad de los activos y depósitos del sector.

El texto también exime a los bancos pequeños, con menos de 10 mil millones de dólares en activos, de la famosa "regla Volcker", que prohíbe que un banco de depósito especule por su propia cuenta. Finalmente, las instituciones que otorgan menos de 500 préstamos hipotecarios por año ya no tendrán que recopilar toda una serie de datos sobre prestatarios (solvencia, origen étnico, etcétera).

Y ahora los bancos norteamericanos esperan lo peor

De acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos, la crisis podría causar que las instituciones financieras del país pierdan una enorme cantidad de dinero. Es por eso que la Fed los obliga a limitar el pago de dividendos y congelar las recompras de acciones.

Casi 700 mil millones de dólares, o poco más de 620 mil millones de euros: esta es la cantidad total de pérdidas que las 33 instituciones financieras estadounidenses más grandes podrían sufrir en el peor escenario previsto por la Reserva Federal de los Estados Unidos en su último informe.

Es por esto que con la finalidad de limitar los riesgos y evitar que los bancos consuman sus propios fondos, la Fed anunció, el jueves 25 de junio, que limitaba la cantidad de dividendos que podrán distribuir para el tercer trimestre al promedio de las ganancias neto de los últimos cuatro trimestres. Además, se les prohíbe recomprar sus acciones hasta fin de año, una práctica que "representa alrededor del 70% de la compensación pagada a los accionistas por los bancos estadounidenses", de acuerdo con el Financial Times .

Tras la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal ha venido sometiendo regularmente a las instituciones financieras a pruebas de resistencia. "Diseñadas para evaluar la salud del sistema bancario del país, las pruebas de estrés se han extendido este año para estudiar los efectos de la recesión causada por la pandemia de Covid-19", tal y como se recoge en el Wall Street Journal. A día de hoy, según la Fed, los bancos son lo suficientemente fuertes como para resistir el impacto de la crisis de Covid-19, incluso "en el escenario más pesimista donde, durante varios trimestres, la tasa de desempleo se mantendría alta y la economía no se recuperará", continúa la misma fuente.

Es probable que se multipliquen los préstamos para automóviles y préstamos inmobiliarios, pero también para préstamos comerciales. Las pérdidas de los bancos "podrían compararse con las sufridas durante la crisis financiera de 2008", concluyó el periódico norteamericano.

Además un ciclo de bancarrotas corporativas

El número de solicitudes para que las empresas se sitúen bajo protección financiera alcanzó en mayo de 2020 niveles comparables a los de la crisis financiera de 2008, según informa el Wall Street Journal.

"Los tribunales de los Estados Unidos registraron 722 solicitudes de bancarrota del Capítulo 11 el mes pasado", según el artículo del Wall Street Journal del jueves 4 de junio, según las cifras de la compañía de servicios legales, Epiq Global. Esto supone un incremento del 48% en comparación con el año pasado y del 28% en comparación con el mes de abril.

Este capítulo 11 pone bajo vigilancia a una empresa que no puede pagar a sus acreedores y asumir sus deudas. Las cifras de bancarrota corporativa son similares a las de 2011.

Incluso aunque estas cifras deben ser puestas en perspectiva "porque a menudo las grandes empresas están bajo la protección del Capítulo 11, dicen los expertos, lo que hace que las cifras crezcan". Sin embargo, este es un resultado directo de la pandemia de Covid-19, que llevó al cierre de gran parte de la economía mundial y está llevando a millones de ciudadanos estadounidenses en el desempleo .

El Wall Street Journal cita dos razones para este aumento de bancarrotas. Por supuesto, las medidas de contención que redujeron la actividad comercial y condujeron a una espiral recesiva, pero también a préstamos masivos de ciertos grupos, que ahora están luchando por pagar.

Desde mi punto de vista, la pandemia de SARS-CoV-2 o Covid-19 está a punto de causar una verdadera hecatombe social, en términos de una devastación espectaculares, en la misma línea que se puede entrever del artículo del The New York Times de 14 mayo de 2020.

Sirva como precedente que ya en febrero, los economistas advirtieron muy seriamente sobre un nivel de endeudamiento de los hogares estadounidenses que vuelve a ser preocupante (14,15 billones de dólares). Un par de meses más tarde, el número de quiebras de empresas aumentó en un 48% en comparación con el año anterior, con 722 quiebras registradas en abril, tal y como hemos visto, y que se incluyen empresas muy grandes y emblemáticas de la sociedad de consumo norteamericana como por ejemplo J.C. Penney, Neiman Marcus, J. Crew, Gold’s Gym, True Religion Apparels… entre otras.

Estas quiebras corporativas ya se están traduciendo en millones de desempleados, que están degenerando en un aumento enorme en el número de quiebras individuales, alquileres impagados (sobre un tercio del total), incumplimientos de pago de todo tipo… anunciando un cese completo del crédito bancario y poniendo muy en duda, de acuerdo con mi opinión, cualquier esperanza de una rápida recuperación económica norteamericana.

Con el tipo de interés de la Reserva Federal ya de por sí muy bajo y el anuncio de la Reserva Federal de que mantendría los tipos casi a cero hasta 2022 no dejó de impactar a los mercados, alcanzando fuertemente en las acciones de los bancos, el sistema financiero americano no tiene margen de maniobra y la sociedad norteamericana está destinada a un nuevo episodio de extrema pobreza.

A todo ello hay que añadir el fracaso del petróleo de esquisto o shale, uno de los paradigmas de la economía zombi de la que hablaba, que se aguanta insuflando aliento en forma de miles de millones de dólares...

Conclusiones

El aumento de la tasa de desempleo en Estados Unidos del 3,6% al 14,7% en un año, de abril de 2019 a abril de 2020) pone de manifiesto la realidad constituida por la presencia de una economía zombi, alimentada artificialmente por un sistema financiero que ha permitido hasta ahora el endeudamiento de un tejido de empresas ineptas y anticuadas.

Mi conclusión es que en Estados Unidos se está viviendo ya una situación de inflación que podríamos llamar encubierta y que podría tomar la apariencia de hiperinflación: porque los salarios y la producción de China, desde hace varios años, ya no son tan “baratos”, a lo que podríamos sumar una situación que llevase al dólar a una gran caída, los precios al consumidor subirán; otro factor que se señala es que el precio de la energía de la que depende Estados Unidos, el petróleo, podría volver a subir si se produjera una situación de escasez debido a la destrucción de las industrias. De hecho, las empresas se están esforzando por prestar pequeñas cantidades de dinero a tasas de interés muy altas (empresas de préstamos de día de pago).

Las empresas zombis estadounidenses dan empleo a dos millones de personas hasta el momento